Nuevas limitaciones a la inversión extranjera en Andorra en 2025

En los últimos meses, Andorra ha implementado cambios significativos en su legislación sobre la inversión extranjera, especialmente en el sector inmobiliario. Estas reformas responden a la necesidad de regular el impacto de la demanda internacional sobre el mercado de la vivienda y garantizar un desarrollo sostenible del país.

Con la entrada en vigor de la Ley 3/2024, de 1 de febrero, se ha establecido un nuevo impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria. Esta norma deroga la Ley 16/2023, que había suspendido temporalmente las autorizaciones para la compra de inmuebles por parte de no residentes. El nuevo marco legal permite nuevamente estas adquisiciones, pero con una fiscalidad específica y progresiva que oscila entre el 3 % y el 10 %, según el número y tipo de bienes inmuebles adquiridos.

Además, la Ley 3/2024 amplía la definición de inversor extranjero, incluyendo a personas físicas y jurídicas con menos de tres años de residencia continuada en el Principado. También introduce una bonificación fiscal para las inversiones destinadas a vivienda de alquiler a precio asequible, siempre que se mantenga este uso durante un mínimo de diez años.

Otra novedad destacada es la implantación del régimen de “silencio administrativo negativo”, según el cual las solicitudes de inversión que no reciban respuesta dentro del plazo establecido se considerarán automáticamente denegadas, a diferencia del sistema anterior que las aprobaba por defecto.

Estas medidas tienen como objetivo equilibrar la inversión extranjera con los intereses sociales y económicos del país, promoviendo inversiones que aporten valor añadido y regulando aquellas que podrían contribuir a la inflación del mercado inmobiliario. No obstante, han generado preocupación entre algunos inversores, especialmente en el sector inmobiliario, por el posible impacto en la rentabilidad y el atractivo del mercado andorrano.